Hacienda pone la lupa en la deducción por donativos a los colegios concertados.

La regularización se produce cuando la Agencia Tributaria detecta una contraprestación por ese pago; es decir, cuando el supuesto donativo no tiene carácter voluntario y financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno.

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La expulsión de un concursante de un ‘reality show’ (‘Casados a primera vista’) merece la calificación de despido.

La sentencia explica que si bien la actuación del concursante “no puede considerarse como arte”, al estar inmerso en la grabación de su vida cotidiana, “actuaba, en cierta medida, teatralmente”. Idea que se ve reforzada por el hecho de que adoptara un “rol determinado”, ajustándose al papel que se esperaba de él y “respondiendo a la personalidad que el director o el productor del programa habían buscado al seleccionarlo”. Y todo ello, continúa la resolución, “condicionado” por la presencia permanente de una cámara, y presentándose tal actuación “como un espectáculo”.

En consecuencia, debe considerarse que entre las partes existe un vínculo laboral y su cese merece la consideración de despido.

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Requisitos para la constitución y existencia de las Subcomunidades de Propietarios.

El artículo 2. d) de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal reconoce la figura de la Subcomunidad de Propietarios en los siguientes términos:

Esta Ley será de aplicación:

d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica.

Estas Subcomunidades tienen por objeto la individualización de aquellos elementos o servicios comunes dotados de independencia económica, funcional u organizativa dentro del conjunto del inmueble, y pueden constituirse en la propia escritura de División Horizontal (constitución originaria) o posteriormente (constitución sobrevenida) si tal posibilidad se encuentra recogida en el título constitutivo y así se acuerda por la Junta de Propietarios con el voto favorable y unánime de todos ellos al suponer una modificación del título que requiere de unanimidad (artículo 17.6 LPH). En este sentido, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sus Sentencias de fechas 03/01/2007  y 22/10/2007, indica que solo se pueden constituir subcomunidades cuando esta posibilidad se contempla en los estatutos, estando por encima esta norma de la voluntad de los copropietarios. Ahora bien, tras la reforma operada en la LPH por la Ley 8/2013 se ha incluido una referencia expresa en el nuevo apartado d) del artículo 2 a las subcomunidades, siendo necesario que del título constitutivo se derive que varios propietarios dispongan, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes, con independencia funcional o económica. Parece que no es preciso que de tal escritura dimane expresamente ni la denominación como “subcomunidad” o equivalente ni la referencia específica a su forma de funcionamiento. De hecho, con anterioridad a dicha reforma y después de las citadas sentencias del Tribunal Supremo varias Audiencias Provinciales han venido admitiendo las llamadas Subcomunidades de facto, citando como ejemplo:

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El principio de no intervención en Derecho Internacional Público: prohibición del uso de la fuerza armada, de cualquier injerencia, amenaza o coacción, y del uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional.

La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, aprobada en 1970, y consagra y delimita el principio de no intervención.

Comienza la Resolución en su Preámbulo destacando el convencimiento de que “el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales”.

La Asamblea General recuerda en la resolución “el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado”, en cuanto vulnerarían los principios de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación de los pueblos. Esto se puede expresar también en que “todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir sus sistemas político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.

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Europa pone la lupa en los acuerdos que modifican o suprimen la cláusula suelo con renuncia de acciones.

El Diario de la Unión Europea ha publicado el inicio del expediente de la primera cuestión prejudicial contra la doctrina del Tribunal Supremo español sobre la validez de los acuerdos que modifican o suprimen la cláusula suelo con renuncia de acciones posteriores, planteada por un Juzgado de Primera Instancia de Teruel.

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El Supremo reparte ahora los gastos hipotecarios entre el banco y el consumidor.

El Supremo valida parcialmente ahora la solución adoptada por buena parte de la banca española y fija un reparto casi al 50% de todos los gastos hipotecarios. En el caso de los aranceles notariales, establece que la escritura del préstamo o la de modificación debe ser abonada por ambas partes mientra que la de cancelación corresponde al cliente. Las copias deberá pagarlas la parte interesada.

Del lado del arancel registral, eso sí, el Supremo entiende que el único interesado es el prestamista, por lo que carga el pago al banco. En el caso de que se inscriba la cancelación, sin embargo, será el prestatario quien la pague. Los gastos de gestoría, finalmente deberán ser abonados al 50% por las partes firmantes del contrato. Leer Más

Aprobada la ley valenciana de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia.

Se aprueba la ley valenciana de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia.

La Ley de Derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana es aprobada con el fin de establecer un marco legal donde se incluya una serie de derechos para dicho colectivo y la Leer Más

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