La Corte Penal Internacional conocerá de los crímenes contra la humanidad en la Palestina ocupada.

Este pasado viernes, día 5 de febrero de 2021, la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) se ha declarado competente para conocer de los hechos ocurridos en los territorios palestinos ocupados, lo que puede interpretarse como un paso decisivo para la investigación a instancias de este Tribunal de los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en Palestina.

La CPI es un organismo internacional con sede en La Haya (Países Bajos) que si bien nació por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 -aunque entró en vigor el 1 de julio de 2002- no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. Desde el 4 de octubre de 2004 un acuerdo bilateral regula la cooperación entre ambas instituciones.

Se trata del primer tribunal internacional, de carácter permanente y con vocación de universalidad, para el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad,  delitos de genocidio, crímenes de guerra y, tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma -su norma fundacional- celebrada en Kampala en 2010, del crimen de agresión en el caso de aquellos países que hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión. Estos crímenes no prescriben y la CPI sólo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica,  pero nunca puede condenar a muerte.

La competencia de la CPI se extiende únicamente respecto de aquellos crímenes cometidos después de la entrada en vigor de su Estatuto (el 1 de julio de 2002) y alcanza a todas las personas por igual sin distinción de su cargo -sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno- y sin que las inmunidades, prerrogativas o normas especiales de procedimiento, con arreglo al derecho interno o internacional, resulten aplicables ni óbices para que la Corte ejerza su competencia.

El pronunciamiento de la CPI, que tiene lugar tras la consulta elevada sobre esta cuestión por su fiscal Fatou Bensouda, señala que “decidió por mayoría que la jurisdicción territorial de la Corte para la situación en Palestina (que ha sido miembro desde 2015) extendido a los territorios ocupados por Israel desde 1967″. La decisión deo Tribunal se produce después de haber anunciado la fiscal en diciembre de 2019 querer abrir una investigación completa sobre posibles “crímenes de guerra” -sin nombrar a sus autores- en los territorios ocupados por Israel.

Cortes de suministro por impago.

El corte del suministro eléctrico por impago es la suspensión de este suministro básico más común. Si bien durante el estado de alarma no se van a poder realizar este tipo de cortes, lo cierto es que es algo que sufre mucha gente fuera de esta circunstancia tan especial. Por ello, vamos a ver en qué consisten este tipo de cortes de suministro y qué podemos hacer si nos encontramos en una situación así. Continuar leyendo «Cortes de suministro por impago.»

Las reclamaciones de consumidores frente a compañías eléctricas: pasos a seguir. 

Primero hay que reclamar directamente a la compañía, dejando constancia de que la compañía ha recibido la reclamación, por eso hay que pedir siempre —y están obligadas a entregarlo— un número de referencia y un justificante por escrito. El medio más eficaz es un correo certificado con acuse recibo o burofax.

Si en un “plazo prudencial” —normalmente un mes— no obtenemos respuesta o esta no es satisfactoria, nos podemos dirigir a la Oficina de Consumo que se encargará tramitar el arbitraje, siempre y cuando la empresa se adhiera al sistema. Si la queja es relativa al suministro, podemos recurrir ante la Dirección General de Industria de nuestra Comunidad Autónoma, que tiene un plazo máximo de seis meses para contestar después de haber admitido la petición. Su resolución es de obligado cumplimento para la entidad.

La última vía es la judicial, para la que no se exige abogado y procurador si se trata de una reclamación o indemnización inferior a los 2.000 euros. No obstante, siempre es mejor acudir con experto para que haya igualdad de armas, ya que las empresas suelen litigar con sus equipos de letrados. 

Francisco Villar Gallardo

Abogado Alicante

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