Las decisiones adoptadas en estos últimos días, con el telón de fondo del procés, por grandes empresas radicadas en Cataluña, principalmente entidades bancarias y financieras, de trasladar sus sedes -mas técnicamente habría que hablar de domicilios sociales- fuera de esta comunidad, ni constituyen verdaderamente una fuga de empresas, como se anuncia con ligereza en algunas televisiones y prensa, ni tiene consecuencias o impactos jurídicos y económicos ni para la entidad ni para sus accionistas y clientes. Se trata, en el estado de cosas en el que nos encontramos, de movimientos que principalmente buscan, coadyuvados por el amplificador mediático y político que en estos momentos lo invade todo, varios objetivos:
1.- Dotar de seguridad y estabilidad a sus accionistas, pues con esta operación se garantizan la permanencia en un país miembro de la UE y, con ello, la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo, ante una hipotética y futura secesión catalana. Además, los mercados financieros simpatizan mejor, como es obvio, con un territorio donde no exista inestabilidad política y económica.
Por tanto, si finalmente las aguas turbulentas de hoy devienen en calma, en cualquier momento las mismas entidades que ahora han trasladado sus sedes a extramuros de Cataluña podrían, con la misma sencillez y rapidez, desandar ese camino y revertir sus decisiones de cambiar sus domicilios sociales, haciéndolas regresar a sus Registros Mercantiles catalanes de origen. De ahí que los movimientos de estos días hayan sido calificados por algunos como temporales, provisionales y condicionados a la suerte del devenir del procés.
2.- Asegurarse de que los depósitos de sus clientes con perfil ahorrador continúen bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
3.- Evitar un quietismo que pueda ser interpretado por el mercado español como ambigüedad o incluso coqueteo con el soberanismo, pues ello a buen seguro supondría la aparición de campanas de boicot y una huida masiva de muchos clientes y capitales del resto de la península hacia otras entidades “españolas” y, con ello, la pérdida de un jugoso trozo del pastel de la piel de toro en favor de la competencia que hubiera optado por trasladar su domicilio social fuera de la comunidad catalana y que, en este escenario, ciertamente gozaría de los parabienes y la aceptación de dicho sector.
Y ¿por qué digo que esta mal llamada fuga de empresas de Cataluña hacia otros destinos carece de repercusión económica y fiscal? Pues por varias razones:
1.- De la misma manera que cualquiera puede empadronarse en Alicante pero tener su vivienda habitual en Elche o inscribir su vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia aunque en realidad circule y duerma todos los días en un garaje de un municipio de Denia, debe explicarse que una cosa es cambiar de domicilio social -acto de carácter administrativo que no supone más que la simple inscripción de tal modificación en el Registro Mercantil de la provincia que corresponda-, y otra bien distinta trasladar físicamente las oficinas, equipamiento físico, plantilla, activos inmobiliarios y demás medios de producción necesarios al municipio que reza negro sobre blanco en el Registro Mercantil como su domicilio social. Cosa que a día de hoy no se ha dado.
2.- Para el ahorrador, este traslado registral de domicilio social de su entidad no le afecta en nada: ni los activos y pasivos del banco se ven alterados, ni las condiciones de su contrato de depósito se ven modificadas ni un ápice. Para él, en suma, también todo seguirá igual.
3.- Para los trabajadores de estas entidades, nada cambia tampoco, al mantenerse sus servicios centrales en Cataluña y la red de oficinas en todo el territorio nacional.
4.- Ni siquiera tiene un impacto fiscal, pues la principal carga tributaria que soporta el banco, el Impuesto de Sociedades, no se modifica, toda vez que su regulación y su liquidación es estatal y las Comunidades Autónomas -excepción hecha de las haciendas forales- no participan ni se benefician de su recaudación, al ir a parar ésta a la caja común. Únicamente si al cambio de domicilio social del banco le acompaña la modificación de su homólogo fiscal la entidad dejará de tributar en Cataluña por los impuestos autonómicos y locales -el impuesto de actividades económicas-, pasando a hacerlo para las arcas autonómicas y municipales a las que corresponda de acuerdo con su nuevo domicilio fiscal, siendo por tanto la repercusión fiscal poco más que inocua. Y es que, una cosa es el domicilio social y otra el domicilio fiscal, que no siempre tienen que ir de la mano. De hecho, hay bancos y entidades financieras, como el BBVA, Bankia o el Banco Santander, que tienen el domicilio fiscal en diferente lugar que su domicilio social.
Por último, señalar que con la entrada en vigor el 7 de octubre del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, el Gobierno ha decidido además allanar este camino a todas las empresas de Cataluña, pues modifica el art. 285 de la Ley de Sociedades de Capital para aclarar que sólo si los estatutos de manera expresa y clara lo prohíben no podrá el órgano o consejo de administración adoptar directamente la decisión de trasladar su domicilio social, lo que en la práctica lo hace ahora mucho más fácil, pues ya no hay dudas interpretativas sobre la expresión “salvo disposición contraria de los estatutos” introducida en 2015. Ahora, si los Estatutos no atribuyen de manera expresa dicha competencia a la Junta o no dicen nada, el órgano de administración tiene vía libre para cambiar el domicilio social de la entidad.
En resumen, solamente si finalmente Cataluña se constituyera en estado independiente y los bancos con raigambre catalana decidieran trasladar fuera de sus fronteras, y de manera efectiva, sus sedes y oficinas con todos sus activos y plantillas, podría hablarse de verdadera fuga de empresas.
