El Tribunal Constitucional ampara el derecho de los presos a comunicar con la prensa.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional reconoce en una sentencia sin precedentes el derecho a la libertad de expresión de las personas presas, el derecho a la libertad de información de los profesionales y el de la población a ser informada de asuntos de interés público. Da la razón así a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que en febrero de 2018 presentó un recurso ante este tribunal por la negativa de la cárcel de Córdoba a conceder a un periodista de eldiario.es una entrevista con un preso dentro de prisión.

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Qué son las cláusulas de rescisión en las relaciones laborales deportivas.

La “clausula de rescisión”, que en realidad debería ser de “resolución” -en puridad la “resolución” tiene carácter contractual, mientras que la “rescisión” es una figura legal, no contractual, al entrar en juego cuando se dan una serie de circunstancias tasadas o previstas en la ley-, es una figura jurídica prevista para todos los deportistas en España, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

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El principio de no intervención en Derecho Internacional Público: prohibición del uso de la fuerza armada, de cualquier injerencia, amenaza o coacción, y del uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional.

La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, aprobada en 1970, y consagra y delimita el principio de no intervención.

Comienza la Resolución en su Preámbulo destacando el convencimiento de que «el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales».

La Asamblea General recuerda en la resolución «el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado», en cuanto vulnerarían los principios de igualdad soberana de los Estados y de libre determinación de los pueblos. Esto se puede expresar también en que «todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir sus sistemas político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado».

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