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La transformación digital del sector jurídico en general, y de la abogacía y procura en particular, es algo que ha venido para quedarse, sobre todo tras la situación provocada por el COVID-19.
La implementación del teletrabajo y la necesidad de herramientas de tratamiento y firma digital de escritos y documentos que resulten ágiles, prácticas y sencillas se han convertido en el pan de cada día de la gran mayoría de despachos jurídicos.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Illes Balears, al haberse presentado una media de 5,6. Le siguen Canarias, con una media de 5,5 demandas y en tercer lugar la Comunidad Valenciana, con 5,4.
Fuente: Noticias Jurídicas
La sentencia comenta que lo que se evidencia es que desde 2016 tuvo una mayor actividad formativa y de búsqueda de empleo, «con poco éxito, en ambos casos, pero que permite valorar la necesidad de continuar con apoyo familiar para concluir su formación».
Pero añade la Audiencia que «ello, no con carácter indefinido, sin que pueda mantenerse sin fecha esa situación, pues ya se encuentra en la etapa final de formación y deber responsabilizarse de su propio mantenimiento». Por ello pone límite al deber del padre de pagarle la pensión de alimentos, que finalizará cuando la joven cumpla 26 años de edad.
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